La directora de la fundación PLAN, que presta atención a los menores de edad desplazados, indica que más de dos millones de niños colombianos viven en condiciones de extrema pobreza a causa del desplazamiento forzoso. Además, dice que esas situaciones generan un impacto psicológico bastante alto y que no se le está prestando la atención necesaria. Por otro lado, gracias a la violencia, los niños se han visto obligados a suspender sus estudios. No siempre por falta de cupo, pero si porque no tienen las condiciones para asistir.
Es deber del gobierno proteger a estos menores de edad, brindarles educación, seguridad, salud y todo lo que necesiten para que puedan vivir dignamente. Por eso, los desplazados también deben de asegurarse de que esto se cumpla y si alguien es cómplice del incumplimiento de estos deberes también puede colaborar para que el gobierno se ocupe de los asuntos por los cuales debe velar.
Información tomada de: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=445702
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